Semanario ¡Nor Oriente!. Los únicos de la Región. ¨Por la Verdad, con la Verdad, hasta la Eternidad¨

martes, 30 de julio de 2013

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

IMAZA(KIH): JULIO CARDOZO GANOZA, Presidente de la Asociación Pro-vivienda "5 de Junio "de Chiriaco,  Imaza, el 03  de julio último  con folios 45, presentó  denuncia ante el Poder Judicial de Bagua, en busca de tutela jurisdiccional efectiva para impugnar la Resolución Administrativa, mediante el proceso contencioso Administrativo a fin de que por sentencia se disponga la nulidad del siguiénte Acto Administrativo  contenido en la Resolución de Alcaldia Nº060/2012-MDI/CH.A de fecha 13 de junio del 2011, notificada EL 09 DE Abril del 2013, con la cual se deja sin efecto en todos sus extemos la Resolución de Alcaldia Nº038-MDI/CH.A de fecha 27 de Diciembre del 2010, que reconoce la distribución de solares a favor de moradores del lugar.
  Se disponga la vigencia en todos sus efectos de la Resolución de Alcaldia Nº038/2010-MDI-CH de fecha 27 de Diciembre del 2010. que en esta resolución estan  los beneficiarios de solares, ubicados segun el plano dentro del catastro de expansión urbana de Chiriaco, que ya deben empezar a construir sus casas, ampliando en la denuncia, expresa que para este proyecto urbanístico y apertura de calles se determinó S/.226.484 del presupuesto municipal 2010, pero este Alcalde Demetrio Chiroque morales al asumir el cargo ese dinero S/.226,484 destinó para otros  gastos, con esto ha malgastado y malversado.  De igual  manera incluye que su hija Verónica habría instalado una oficina en la ciudad de Chiclayo, desde donde se manejaría la Administración y los fondos económicos de la Municipalidad, con lo que pretende desvirtuar sus responsabilidad y abuso de autoridad, nepotismo, y despilfarro del dinero  que vendría  haciendo de los fondos públicos, también  que con el fin de reelección, repartiría solares a sus allegados; concluyen que el actual Alcalde ha violado los principios de legalidad, responsabilidad, eficacia, participación, simplicidad, consagrados en el art.IV del T.P de la ley Nº27 444, ASI COMO EL ART.5.3 de la misma ley, también es una muestra de incapacidad administrativa, porque está  por salir del poder, ya no puede terminar la plaza de armas que concluye obra culminada y cancelada, pero en realidad no se termina, los ciudadanos de la capital Chiriaco comentan porqué el Alcalde colocó un tigrillo en la plaza, si ese animal fue violado por el canyul, según la tradición.
Otra de las víctimas
de «Pasapera»

SAN IGNACIO.-(C.Quintana) Con el llanto dibujado en su rostro la señora Alejandrina García Guevara denunció a Santos Anacleto o David Pasapera, para que cumpla en devolverle los DOS MIL NUEVOS  soles que le sacó con el cuento de empeñarle equipos de trasmisión, que al no cumplir  para la fecha señalada (enero de este año) la modesta campesina lo está denunciando y si no cumple, pedirá su encarcelamiento. Aseguró a este vocero.

Se fueron de lengua JUEZ SIENTA PRECEDENTE HISTÓRICO

SAN IGNACIO.-(¡NOR ORIENTE!) No tenían los pelos en la mano, ni la burra era parda, parodiando al popular proverbio que siempre utilizamos en este semanario.  A los locutores que sin tener la instrucción o preparación suficiente para ejercer el periodismo: David Pasa pera , o Santos Anacleto Portilla, Nexar Jaramillo Dávila y Jeston Vásquez Tocto, a partir de la fecha, literalmente les cortaron la lengua, cuando el Juez del Juzgado Mixto-Penal Unipersonal  y Liquidador de esta Provincia Dr. Harold Ortiz Carrasco, con una conducta intachable en esta provincia fronteriza, tras un largo proceso de querella para ventilar todo un voluminoso archivo de audios, que además se reproducían en «Ahora Jaén» y «Panorama Cajamarquino», del que  es corresponsal el primero delos nombrados), concluyó sentenciando y condenándolos a que paguen 120 días multa que se computa del 25 % de su remuneración mensual, es decir S/. 900.00,  el primero y S/. 600.00 nuevos soles los 02 últimos, además fueron condenados  a tres años de pena privativa de libertad y pago solidario de CIEN MIL NUEVOS SOLES DE REPA RACION CIVIL al agraviado, más costas y gastos,  Re glas de conducta, etc.
  Como es conocido, un grupito de locutores «transformados» en  periodistas, sin otro oficio ni ocupación conocida que la de vivir de la mendicidad pública pidiendo avisos y buscando publicidad, adhiriéndose a  las empresas mineras o a los traficantes de madera para recursearse, o querien do chantajear a autoridades   en vista que en la MEPSI nunca hubo cabida para estos ociosos, se la emprendieron contra el Gerente General Euler Jave Díaz primero, después contra el Alcalde Provincial Carlos Martínez Solano y contra todo funcionario que les cerró el acceso de recursos para su supervivencia, tal como quedó demostrado en el curso del proceso que terminó en primera instancia el miércoles 24  de julio desde las 5 de la tarde hasta  las 8 de la noche.
  Estos comunicadores, desde hace tiempo, sin reparar en nada, sin contrastar su información , sin el mínimo sustento objetivo, pruebas o evidencias, acusaban e insultaban al agraviado Euler Jave Díaz con todos los epítetos, calificativos y frases  difamantes como: «corrupto, asesino, terrorista», etc. haciendo uso y abuso del derecho de la libre expresión consagrado en nuestra Carta Magna desde la emisora «STUDIO 97.1» cuyo propietario es otro de los enemistados con el gobierno municipal,  que igualmente ha estado denunciado en esta querella, habiendo resultado absuelto. Ninguno de los tres encausados pudieron probar o demostrar sus difamaciones, sus argumentos fueron contradictorios y hasta irrisorios y ridículos demostrando una tremen da irresponsabilidad en el manejo de un medio de prensa radial de consecuencias gravísimas para el agraviado y por ende  peli grosamente DEFORMA TORIAS de la opinión colectiva. Pero además lesionan gravemente a periodismo responsable y serio en la región y el país. Los abogados de Euler Jave, miembros del Organismo de Derechos Humanos FEDE PAZ, sustentaron la defensa  de manera firme y con tundente. 
SON «RANKEADOS»
 Pero estos comunicadores seudoperiodistas no es la primera vez que abusan de este sagrado derecho de la Libertad de Expresión, empezando por el primero: DAVID PASAPERA o SAN TOS ANACLETO PORTILLA, el hecho de usar dos nombres ya delata su delictuosidad, tuvo la osadía de enjuiciar al Director de Radio «Diplomat» presentando un diploma falso del Colegio de Periodistas en el que se le «felicitaba» por su labor. Su denuncia fue rechazada de plano; pero no solamente eso, al poco tiempo de  su llegada a esta ciudad hace más de diez años, redactó y volanteó pasquines atacan do la honra del párroco de ese entonces Marco Goyzueta Valencia, hecho por el que fue condenado también, pero, contemplativa mente. No solamente como seudoperiodista también como timador, embaucador o estafador, pues sigue pendiente el proceso que le aperturaron por haber estafado a la hermana  del difunto alcalde de Namballe con la suma de diez mil soles junto con otro falso abogado Pablo Solís; tiene ocho procesos judiciales pendientes además de otra sentencia por difamar al que fue Fiscal en esta provincia Dr. Enrique Morales Saldaña y para colmo, precisamente el jueves último la humilde madre campesina Alejandrina Garcia Gueva ra, procedió a denunciarlo por haberla estafado este sujeto David Pasapera, con la suma de 2,000 nuevos soles, que al no pagarle, fue llevado hasta el Goberna dor Provincial donde con documento firmado se comprometió a pagarle hasta febrero 2013,  ya estamos julio y no paga ni un sol, pero para consolidar esta estafa, puso como garantía un «Contrato de Compra Venta de Equipos de Emisora» suscrito por JHONY ENRIQUE TORRES CAMPOVERDE a favor de este estafador David o Santos Anacleto Pasapera P., contrato que le fue entregado como «garantía de pago» a la humilde madre de familia; pero además, sus compinches Nexar Jaramillo y Jeston Vásquez entre otros, siguen insultando a los magistrados para desprestigiarlos, incluso quejándolos a la OCMA. 
  Tras la lectura de la sentencia condenatoria, el agraviado Euler Jave Díaz, Antropólogo de profesión, tiene 5 diplomados de post grado en universidades como San Marcos, Universidad de Cajamarca, y tiene además sus estudios Concluidos de una maestría en Ciencias con mención en «Planificación para el Desarrollo», demostró su tranquilidad con las siguientes declaraciones a la prensa: «Estamos convencidos que el periodismo ayuda a construir el futuro de nuestros pueblos, ayuda a la fiscalización de la función pública, pero lo que ha sucedido desde hace unos años atrás en nuestra provincia, es realmente pavoroso con locutores que solo han terminado su secundaria, por ello estimo que Es una sentencia justa, que sienta un precedente histórico y una seria advertencia a quienes abusen o se extralimiten en el ejercicio de informar sin estar informados. Hicieron trizas mi honor que jamás será reparado. Espero sirva de meditación a quienes están en el mismo camino equivocado y antes de emitir un comentario primero indaguen o  contrasten la información». Puntualizó el alto funcionario de la MEPSI. El alto funcionario municipal agraviado, agradeció el apoyo de FEDEPAZ, organismo de Derechos Humanos en nuestro país y dio cuenta que junto a su defensa vienen analizando otras denuncias de querella contra más locutores que, sin importarles el honor y dignidad se permiten acusar sin ninguna evidencia o prueba, llamando al periodismo serio a mantener una conducta firme de fiscalización a la función pública para cautelar los recursos del Estado y la población. 

lunes, 29 de julio de 2013

Esta foto los delata

 Fue tomada la misma noche que vacaron al teniente alcalde Edwin Llique, sólo que el breve intercambio de palabras entre éste y el alcalde no salieron en la fotografía, pero es lo mismo y ya se sabe que solamente fue «pura ñanga». Llique sigue con su paquete de obras, mismo comerciante ambulante, ofreciéndolas al mejor postor inclusive hasta se habrían citado con uno de ellos en una conocida «cuyería» para efectuar los arreglos de cuánto le darían para favorecerlos. parecería mentira, pero tenemos sobradas evidencias para seguir  indagando.

Que se profundice caso carretera M. Solar Palma Central

  La regidora Yolanda Martínez Alberca, convertida ahora casi en una voz solitaria que pide y reclama esclarecimientos de tantos hechos oscuros, principalmente como el de la obra «Mejoramiento carretera Morro Solar-Palma Central», en la sesión última por poco le dan la espalda y hasta el mismo Jhony Velásquez que está demostrando ser un jugador mejor que Claudio Pizarro, se hizo a un lado, tan igual como para esclarecer el escándalo de la Clínica Municipal.
  Como que sigue buscando lo que está perdiendo en las comisiones que antes recibía.

  Lo cierto es que, hay hecho concretos, según lo reiteró Yolanda Martínez, que ameritan se mantenga informada a la ciudadanía, en especial cuando ya se ha formalizado denuncia y se investiga sobre la firma falsificada al Ing. Zambrano de la obra «Av. Pakamuros», la hicieron delincuencial mente para justificar el adelanto corrupto de los más de tres millones de soles SIN ACUERDO DE CONCEJO. ¿Eso es lo que tanto les duele a estos mafiosos?

La tremenda corte y los Bonos de Reforma Agraria

  Hasta antes del desbarajuste de LA REPARTIJA en el Congreso, un insistente pataleo traspasaba el colonial local donde funciona el Tribunal Constitucional, desde donde, insistentes voces exigían al Gobierno pagar  la tan singular deuda a los ex-hacendados de antes del 70, cuando fueron desmenuzados por la REFORMA AGRARIA implementada por el gobierno militar del General Juan Velasco Alvarado.
  Para ¡NOR ORIENTE! que conoce muy de cerca estos avatares, no cabía duda que algo sucio tenían entre manos los salientes miembros del TC. Se llegó al extremo de que el Presidente Ollanta Humala le pida al Tribunal «proceder con cautela en temas sensibles». Pero mejor leamos lo que hemos recopilado del analista  CARLOS MONGE, publicado en el blog de SERVINDI el día 12  de julio-13.

  La Reforma Agraria peruana de los años 70 fue una de las más radicales de América Latina en el siglo XX. Entre Junio de 1969 y la primera mitad de los 80 más de 10 millones de hectáreas pasaron de manos de los ex propietarios a los campesinos comuneros y ex trabajadores que antes habían trabajado para las haciendas de todo tamaño y estilo.
  Los propietarios expropiados recibieron “bonos” de reforma agraria y algunos de ellos los invirtieron en otras actividades económicas, como es el caso del Grupo Romero, hoy el segundo grupo económico más grande del Perú. Otros retuvieron sus bonos y saludan la decisión de que se les pague, pero discrepan del método propuesto por el TC pues dicen que equivaldría a 1,300 millones de soles cuando sus estimados son de 10,900 millones de soles. Un tercer grupo vendió sus bonos a empresas que compraron barato y que hoy esperan hacer su negocio. Dos serían las más importantes: el Banco de Crédito del  Perú y Gramercy (de Connecticut, USA) con alrededor de 20 y 60% de los bonos respectivamente.
  Desde el lado del gobierno, el Presidente Humala había invocado al TC a no tomar una decisión al respecto justo antes de su renovación, pero no le hicieron caso. El Ministro Pulgar Vidal ha expresado preocupación por el impacto presupuestal de esta medida, mientras que el Ministro Castilla ha dicho que se puede manejar y que además ya han estado pagando, sin que quede claro a quienes ni cuanto ni con qué criterio.
   Pero hay temas de fondo que van bastante más allá de la preocupación por el impacto fiscal de la medida. ¿Porque el apuro del TC de tomar tan importante decisión un día antes de que su  composición variara de manera fundamental? ¿Por qué el Presidente del TC Oscar Urviola –que ha sido durante años alto funcionario de ese mismo BCP que hoy es el segundo principal tenedor de estos bonos- usó su voto dirimente para desempatar la votación en favor del acuerdo tomado. Un juez recto se hubiese inhibido en un caso con tan tremendo conflicto de interés.    Y si es verdad que Gramercy y BCP son dueños de más del 80% de los bonos (lo afirman Pablo Secada, del Instituto Peruano de Economía, y Milton Von Hesse, Ministro de Agricultura), esta sentencia serviría principalmente no para reparar a las “víctimas de la reforma agraria” sino para beneficiar a dos grandes empresas que han estado comprando bonos a precio vil para embolsarse ahora sumas millonarias.
   Finalmente, como opina Victor Andres Ponce en El Comercio, de lo que se trata es de establecer con claridad que la Reforma Agraria fue un error y que pagar los bonos es una forma de reconocerlo. Para analistas como Ponce, de lo que se trata es de matar de raíz la posibilidad misma de pensar en cambios sociales radicales, de poner los modelos vigentes en cuestión, de atreverse a pensar de manera diferente.
   Los militares de los 70, que habían combatido a las guerrillas y los movimientos campesinos de las décadas previas, cuando notaron que los peones y siervos de las haciendas andinas y los obreros y yanaconas de las haciendas costeñas no aguantaban mas, decidieron impulsar reformas radicales para que no hubiese revoluciones radicales. Entendieron a su manera que la mejor forma de prevenir el comunismo era ampliar el ejercicio de la ciudadanía para darle bases reales a la democracia.     Por ello, mas allá de los indicadores de productividad del azúcar o del algodón, la reforma agraria –empujada por la movilización social campesina- fue para las mayorías rurales de entonces un importante proceso de ampliación del acceso a la propiedad de tierras y aguas, del ejercicio a la libre organización y expresión, y –después ya con el voto a los analfabetos- del ejercicio de la política.
   Esto es algo que los analistas de la derecha empresarial y política se niegan a ver, porque no les conviene reconocer que la democracia participativa que hoy administran es precisamente una de las mejores herencias de las reformas de los 70.
  Ahora bien, si la derecha política y mediática insiste en que hay que honrar las deudas, pues no nos quedemos en el pago de los bonos de la reforma agraria a los ex propietarios. ¿Qué tal si pedimos a esos ex propietarios que le paguen a las comunidades campesinas y los siervos y peones de haciendas por las décadas y centurias previas de apropiación de sus tierra y su trabajo? ¿Y qué tal si devolvemos a las poblaciones nativas todas las tierras que les fueron arrebatadas desde la conquista en adelante, o al menos su valor en dinero, bien dolarizado y a precios actualizados?
   Tendríamos en este caso que pedir a Pilar Freitas que encabece la defensa de estos acreedores, a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional que se dediquen a elaborar una metodología para hacer el cálculo respectivo, y al Ministro Castilla que vaya haciendo caja para los reembolsos necesarios.
    Salvo mejor parecer.

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