Todo indica que citarán al jefe de Estado y sus ex ministros por los lamentables sucesos de Bagua.
AIDESEP, 25 de enero de 2011. Todo indica que el presidente de la República Alan García y sus ex ministros Mercedes Aráoz, Yehude Simon, Mercedes Cabanillas y Javier Velásquez Quesquén, podrían ser citados como testigos, si el Poder Judicial inicia un proceso contra un grupo de altos mandos policiales que participaron en los lamentables sucesos del 5 de junio, ocurridos en la Curva del Diablo.
De acuerdo a la resolución del 30 de diciembre de 2010 en el Expediente 264-2009, dictada por la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua, que preside el magistrado Hugo Mollinedo Valencia, por la que se ordena al Segundo Juzgado Penal Liquidador
Transitorio de Utcubamba que emita un pronunciamiento en relación a una denuncia del Ministerio Público contra un grupo de agentes del orden. Lo interesante de la parte resolutiva es que (en un plazo no mayor de 15 días) se dejó entrever en unos considerandos que el juez indicó que hay indicios razonables para procesar a un grupo de policías por lo del 5 de junio, lo que se estimar que los magistrados deducen que existen razones para procesar y emitir un auto apertorio de instrucción contra un grupo de policías por los sucesos del 5 de junio.
Por su parte, Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal – IDL, adelantó que reiterará el pedido a declarar de los altos oficiales Wilson Hernández Silva (ex viceministro del Interior), Mauro Remicio Maguiño (ex director general de la PNP), José Sánchez Farfán (ex director general de la Policía), Abdul Abed Rosas (ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Interior), Bernabé Summer Garavito Berrocal (director ejecutivo de Operaciones), Miguel Hidalgo Medina (ministro del Interior), Luís Elías Muguruza Hidalgo (jefe de la Dinoes) y Javier Uribe Altamirano (Jefe de la Región Policial de Amazonas).
“Estos oficiales tienen que decir ¿cómo se efectuó esta orden desde Lima? ¿Cómo es que pasó esta orden? ¿Quién recibió primero en la zona? ¿Vino de la Presidencia de la República? ¿Vino del Consejo de Ministros? ¿Vino del despacho del ministro del Interior?, ¿Cómo llegó a la zona? ¿Quién dio la orden, fue vía radio o celular?”, refirió.
Finalmente, dijo que la notificación del Poder Judicial llegó el último viernes 21 enero y que se sustentará bajo el Código de Procedimientos Pena les de 1940, es decir, con el código que presentó la fiscal Olga Bobadilla para investigar y formalizar su denuncia contra un grupo de más de 10 oficiales de la Policía Nacional.
JAEN.-Al promediar las dos de la tarde del jueves último, se llevó a cabo el tantas veces aplazado desalojo de la familia Ordinola-Rivera que ocupaban el inmueble de la Sociedad de Beneficencia Pública de Jaén, desde hace 40 años aproximadamente, donde funcionó en sus inicios la tan conocida «PEÑA CHICLAYANA».
El primer intento se hizo a comienzos del año pasado cuando el entonces presidente
de esa institución abogado Marco Espinoza Quiroz intentó hacerlo; pero fue frustrado, debido a ciertos trámites de orden burocrático-administrativo-judicial.
Marco Espinoza dijo que habían pactado ya con sus ocupantes desalojarlo pacíficamente y que la institución les había dado una indemnización; pero que, cumplidos los plazos, se negaron hacerlo.
Esta vez, la situación fue diferente, la orden judicial se cumplió estrictamente por parte de una veintena de efectivos policiales, quienes, ante la resistencia inicial por parte de los ocupantes, se vieron obligados a utilizar sus bombas lacrimógenas, que fueron lanzadas sin contemplación alguna, llegando sus gases hasta muy cerca de la esquina de Villanueva pinillos y San Martín, con el consiguiente malestar y ahogos que les produjo a transeúntes y niños que fueron envueltos en intenso pánico, generando el desconcierto y protesta del vecindario.
Comerciantes de las inmediaciones del inmueble desalojado se vieron obligados a cerrar sus establecimientos para protegerse, ante la posibilidad de algunos saqueos y robos, en vista que se notó la presencia de elementos al margen de la ley.
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