
No es solo que los procesos estén avanzado
lento, sino que ahora la Sala competente se rehúsa a seguir llevando el caso.
Los líderes indígenas se encuentran inmersos en procesos que están en las
antípodas de la interculturalidad. Y, además, todo indicar que solo se les hará
responsable a ellos y a los policías con quienes se enfrentaron por causa de un
pésimo operativo de desalojo que, por su magnitud, no podía sino contar con la
anuencia y conocimiento de los altos funcionarios del gobierno.
Así, el sufrimiento de los
indígenas y de los familiares de los policías que ha sido ocasionado por “el
gobierno de la política del "perro del hortelano” no termina y, por el
contrario, se prolonga en lo que ya parece un baguazo judicial, con este nuevo
gobierno, el que traería “la gran transformación”.
Por eso, con motivo de la
presentación del libro “La verdad de Bagua”, el pasado 14 de junio, muchos de
los protagonistas de este drama no resuelto expresaron su indignación y preocupaciones. Estuvieron presentes Jesús
Manacés y la hermana Mari Carmen Gómez, quienes han escrito el Informe en
minoría que está completo en el libro, y
que expresaron su preocupación por el camino que siguen los juicios, por las
responsabilidades que tienen la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas y
otros miembros del Gabinete aprista que se han librado de polvo y paja.
Recientemente, ella declaró- ante la indignación de todas las víctimas de este
proceso, que estos temas no le quitan el
sueño.
En el evento estuvo presente
la viuda del suboficial José Antonio Vilela, muerto en la Curva del Diablo, que
pidió también un juicio justo para sus hermanos indígenas, ya que ella también
es indígena yanesha. Entre el público estaban hermanas de la Iglesia católica
que trabajan en el río Santiago, Chiriaco y Santa María de Nieva, estudiantes,
defensores de los derechos humanos, profesionales y uno de los accionistas de
la minera Afrodita, quien ofreció puertas abiertas para que, en búsqueda de la
verdad se comparta información respecto de su actuación en la Cordillera del
Cóndor.
Recordemos que una de las
causas del conflicto fue el recorte del parque Ichigkat Muja en el Cenepa, y el
funcionamiento de esa minera en la zona del Cenepa sin la consulta previa a la
población awajun. (Esta empresa ha sido aludida tanto en el Informe Final de
Guido Lombardi, como en el Informe en minoría de la hermana Gómez y el
dirigente Jesús Manacés).
Fue momento para recordar,
además, que en Bagua se había perdido hermanos, compañeros indígenas, padres,
hijos. Se hizo hincapié en que los procesos de Bagua, más que trámites
judiciales, son delicados dramas que han enlutado a muchas familias y
organizaciones. Pero no solo eso, el Estado perdió la oportunidad de
“amistarse” con los pueblos indígenas, y más bien lo que hizo fue ahondar la
incomprensión estatal respecto de las demandas indígenas. Y fue momento también
para que quedara claro, en palabras de Jesús Manacés, que todos los
responsables deben asumir sus delitos, incluso los indígenas (pero no solo
ellos).
El sistema de justicia se
justifica y legitima, precisamente, en la actuación que despliegue frente a
hechos como éste. Hasta hoy está jalado, por lo que le urge a las autoridades como Javier Mendoza (Poder
Judicial), José Peláez (Fiscal de la Nación) y Máximo Herrera (Consejo Nacional
de la Magistratura), identificar una política judicial y fiscal que ponga en
relieve el caso para proveer de los adecuados recursos humanos y logísticos,
así como para evaluar y corregir las faltas al debido proceso desde una
perspectiva intercultural. Es su responsabilidad.
Tomado
de: Instituto de Defensa Legal (IDL) Justicia Viva. Informando Justicia Hoja
Informativa n. 414 del 20 de junio del 2013.
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