
La iniciativa corresponde a
que en la práctica no son pocos los casos en que los órganos jurisdiccionales y
el Ministerio Público se han visto afectados por visibles muestras de simpatía
o compromiso político de sus autoridades.
“De hecho, cuando eso sucede
existe un riesgo de que pueda convertirse en una grave amenaza para la correcta
administración de justicia o que pueda dar pie a actos de corrupción”, señaló
el legislador.
Mesías sustenta su proyecto
en que si bien en toda sociedad democrática hay un postulado básico que refiere
que los magistrados con función jurisdiccional deben ser independientes y que
sólo estén sometidos al imperio de la ley- tal como lo expresa la propia
Constitución Política del Perú en su artículo 146°-, la deseada independencia
judicial, es parte constitutiva del principio de división de poderes.
En el documento el legislador
sostiene que es cierto que las filiaciones políticas son compatibles con el
estado constitucional de derecho, pero cuando estas filiaciones entrañan
lealtades afectivas y compromisos que repercuten en las decisiones
jurisdiccionales hay quiebra de la ética judicial y un enajenamiento de la
independencia que se postula. “Aun cuando el desempeño independiente de la
función jurisdiccional es una exigencia moral de cada magistrado, no existe
certeza de que como persona no pueda ceder al impulso o solicitud de
solidaridad política y así corromper sus decisiones. Esta situación tiene que
ser considerada”, explicó el parlamentario accion populista.
Finalmente, dijo que con esta
propuesta se busca que el juez sea juez, por lo tanto debe abstenerse de
participar en contiendas de carácter político o disputas por el poder, así como
de las pugnas económicas ya que es la única manera de hacer que la justicia y
la equidad sean la base de sus fallo, lo mismo sucede con el Ministerio Público
que también ha sido objeto de interferencia del poder político en diversas
realidades.
Entre
los beneficios que se espera alcanzar para el país es contribuir a darle
seguridad jurídica al estado de derecho, propiciar la construcción de una nueva
imagen institucional del Poder Judicial y Ministerio Público, bajo condiciones
de confianza sobre las cuales construir una real independencia jurisdiccional,
y promover un tratamiento igualitario en la administración de la justicia,
libre de condicionamientos políticos. (Kelly Huamán Espejo)
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