Un comunicado emitido por Controlaría General de la República de contenido ambiguo y no muy claro en el que se oculta
a los protagonistas de la más grande estafa que se perpetró en el pueblo de
Utcubamba da cuenta sibilinamente que
«Cuatro ex funcionarios (y no menciona sus
nombres) fueron denunciados penal mente por negociación incompatible y a otros
19 se les abriría proceso administrativo
La Contraloría General reveló que el gobierno
regional de Amazonas ha pagado 14.2millones de soles a una empresa contratista (y no dice que se trata de «ALTAVISTA») que en dos años no pudo
culminar una obra de saneamiento en Bagua Grande, la cual quedó inconclusa.
Durante la acción de control, se verificó que el gobierno regional (no dice presidido por el sentenciado corrupto Oscar Altamirano) resolvió el contrato con la
empresa en diciembre del 2009 porque habían transcurrido cerca de dos años y la
contratista no había entregado la obra “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable,
alcantarillado y construcción de la planta de trata miento de aguas servidas de
la ciudad de Bagua Gran de”.
Al momento de emitirse el informe, en julio del 2012, la obra registraba un
avance físico menor al 65%, lo que perjudicaba a más de 36 mil habitantes que
no podían acceder a estos servicios básicos.
NEGLIGENCIAS
Se ha determinado que uno de
los factores que retrasó la ejecución de la obra fue el haber convocado el
proceso de selección para contratar a las empresas que ejecuta rían y
supervisarían la obra sin contar con la total disponibilidad del terreno, toda
vez que quedó pendiente la entrega del terreno donde se emplazaría las
estructuras de la planta de tratamiento de aguas servidas; lo que ocasionó que
se reformulara el expediente técnico por el hecho de reubicar la citada planta
y que el contratista solicite ampliación de plazo por 75 días calendario, invocando
falta de libre disponibilidad de terreno, lo que significó un retraso en la
entrega de obra. Durante la suscripción del contrato, los funcionarios del gobierno regional no exigieron a la empresa
que ejecutó la obra la presentación de la carta fianza de fiel cumplimiento de acuerdo a
lo establecido en el decreto de urgencia, lo cual constituía un requisito
indispensable para continuar con el proceso. Además, se otorgaron irregularmente
adelantos para materiales por cantidades y montos mayores a los establecidos
sin que esto implique una ejecución de la obra en menor plazo, con menor costo
o mejor calidad. Esto favoreció únicamente a la contratista que obtuvo mayor
liquidez de dinero y se ahorró unos 129 mil soles en costos de financiamiento.
La contratista no
presentó el calendario de avance de obra valorizado y otros documentos
actualizados a la fecha de inicio de obra, lo que ocasionó que la supervisión y
el gobierno regional tengan un limitado control técnico de la ejecución de
obra. En este caso, la entidad pudo sancionar
económica mente a la empresa pero no lo hizo.
Durante el primer año de ejecución de la obra, el contratista incurrió en
demoras injustificadas, las cuales fueron comunicadas en su oportunidad a los
funcionarios responsables. Sin embargo, la entidad no aplicó la máxima
penalidad económica, (entidad le llaman al gobierno regional prosidido
por Oscar Altamirano) no realizó la intervención
económica o resolvió el contrato en su oportunidad. Tampoco demandaron al
contratista porque la obra no fuera ejecutada por el equipo de profesionales
señalado en su propuesta técnica, debido a que parte del cual fue sustituido
sin demostrar que contaban con iguales o mejores calificaciones técnicas, por
lo que no está garantizada su idoneidad técnica. Iniciada la obra, las partes
intentaron “regularizar” esta situación firmando un acta de acuerdo, sin considerar
que el contrato no permite realizar estos cambios salvo en casos fortuitos o de
fuerza mayor debidamente comprobados. Debido a estas presuntas irregularidades
el órgano de control ha recomen dado abrir proceso administrativo a 19 funcionarios
del gobierno regional de Amazonas, de los cuales 6 continúan laborando en la
entidad.
EL DATO
La Contraloría General ha
denunciado penalmente a cuatro ex funcionarios por el presunto delito de
negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, debido a que
irregularmente tramitaron, dieron su conformidad y dispusieron el pago de
adelantos para materiales y además, en una valoriza ción dieron su conformidad
y tramitaron el pago de más de 227 mil soles por trabajos que la empresa no
ejecutó. Lima, 16 de octubre del 2012.
PERO
EL OTRO DATASO
Que casi nadie dice es que en BAGUA GRANDE cuando
Alcalde Segundo Hernández «Cariñito», casi se asoció a esa empresa, formó empresa
paralela a nombre de un hermano suyo para alquilar le retroexcavadoras y el
contubernio quedó completo, no abrió su boca para nada. Tal actitud estaría
siendo compartida por el actual alcalde Milecio Vallejos Bravo, que siendo
REPRESENTANTE del pueblo afectado, se queja por la escasez de agua, pero no
abre su boca para reclamar y exigir sanción a los corruptos que estafaron a su
pueblo.
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