Con fecha 12 de setiembre del año pasado, los regidores Wincler Delgado Monteza y Alan Carlos Sánchez, denunciaron a la empresa «ROYMA» cuyo local se ubica en la esquina de las calles M. Ureta y Manco Cápac de esta ciudad, por los delitos Contra la Administración Pública y Negociación Incompatible, por la venta de 10 motocicletas para Seguridad Ciudadana MPJ, que según los denunciantes, contrastado el precio con proformas de otras tiendas comerciales del mismo rubro, tales vehículos estaban sobrevalorados. Tal hecho suscitó un enorme revuelo en la ciudadanía, que fue recogido por varios medios de prensa (menos por este semanario), admitida en el poder judicial, siguió su curso, con diversas diligencias, peritajes, etc., hasta que recientemente la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, emitió la Disposición Fiscal Número TRES con fecha 09 de marzo del 2017 en la que declara «NO HA LUGAR A FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, en consecuencia ordena ARCHIVAR TODO LO ACTUADO.
Que, al haberse propalado tal denuncia por varios medios de prensa local, la citada empresa comercial fue muy lesionada en su prestigio, según contenido de la denuncia que están formulado sus abogados del Estudio «Heredia & Abogados Asociados» de la ciudad de Chiclayo, por los delitos de DENUNCIA CALUMNIOSA Y FALSEDAD GENÉRICA, contra el par de regidores mencionados, los mismos que tendrán que responder ante los tribunales respectivos.
En la documentada denuncia se acompaña todos los recaudos suficientes, como: copia de las cartas notariales que oportunamente se les hizo llegar a los ahora denunciados regidores. Se solicita también testimonio de los que otorgaron proformas con las que contrastaron el costo con el que fue vendido el lote de las 10 motos a Seguridad Ciudadana; además de solicitar los respectivos antecedentes penales de los susodichos.
Se indica las penas punitivas por estos delitos, las mismas que no son menos de tres años de carcelería; PERO, además conlleva penas accesorias como inhabilitación y la respectiva reparación civil, en proporción al daño causado, bajo cautela de los bienes o propiedades que tuvieran los encausados. Que como se estila, de no ser canceladas, se revertiría la condicional por efectiva.
¡NOR ORIENTE! conversó con uno de los ejecutivos de «ROYMA» el jueves últlimo, cuyo local se ubica a poca desitancia de nuestra oficina de Redacción, manifestando que el caso lo tienen los abogados de la empresa, cuyo estudio jurídico está en la ciudad de Chiclayo. Que están a la espera que el proceso continúe su curso, lamentando las ligerezas de estas autoridades ediles que causan mucho daño.
Pero no solamente en este caso ha sido perjudicada la empresa «ROY MA» S.R.L., también la propia institución municipal, concretamente el funcionario de Seguridad Ciudadana que hizo la gestión para la compra de dichas motos no se libró de las sospechas y señalamientos de haber recibido coima por tal adquisición; por lo que se supone también deben tomarse acciones contra los falaces regidores, en una acción judicial que ponga freno a las ligerezas y apreciaciones por hechos no probados, de lo que estaremos dando cuenta en nuestras próximas ediciones, no sin antes lamentar profundamente las actuaciones de estos regidores que lejos de servir de ejemplo positivo a los gobernados, son todo lo contrario.
Tampoco descartamos un obligado pronunciamiento del resto de regidores que por la actuación de éstos, ven melladas sus imágenes, con los correspondientes deslindes para evitar la pésima imagen que motivan estas actuaciones. (ACC
