Líderes indígenas y
magistrados reunidos en el VI Congreso Internacional sobre Justicia
Intercultural, realizado recientemente en Puno, coincidieron en proponer que
jueces, fiscales, policías y defensores públicos ejerzan sus funciones en la
lengua originaria que predomina en su ámbito de actuación.
En un manifiesto, titulado Declaración de
Puno, también instan al Congreso de la República a que apruebe la Ley de
Coordinación Intercultural de la Justicia, que permitirá determinar políticas,
criterios y reglas para la cooperación entre la justicia ordinaria y la
especial. También establece un mecanismo para la resolución de los conflictos
de competencia entre estas dos jurisdicciones.
Como podrán entender, este pedido no tiene
nada del otro mundo, si de JUSTICIA se habla en el Perú, tampoco era necesario
que lo pidan, hace tiempo debió estar legislado y no exponer a nuestros nativos
al escarnio con preguntas de jerga jurisdiccional o policial que no entienden y
sus respuestas son tergiversadas.
Este problema se hizo abiertamente ostensible
en el caso del BAGUAZO donde se juzgan a 52 indígenas, desde los partes
policiales iniciales, fueron cayendo en contradicciones, no por ser culpables,
si no por no entender lo que la policía les preguntaba. Simple ejemplo: «sus
generales de ley», cuando para ellos bastaba que les pregunten « ¿yaita
dagmesh?», o, «Ud. vio al occiso»?, por decir «ya, mame»; peor en las audiencias. Obteniendo como
resultado la culpabilidad anticipada; pero por no haber sabido responder y todo
esto es responsabilidad del ESTADO, que ojalá se rectifique de tremendo error y
brutal injusticia y en adelante, todos sea juzgados dentro de los principios
jurídicos universales.
Nororientalmente:
EL DIRECTOR
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