PRONUNCIAMIENTO
Ante la Audiencia de Control de la Acusación Fiscal programada por la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua para el próximo 7 de marzo, respecto de la acusación fiscal de cadena perpetua contra 54 líderes indígenas en el Caso Bagua; la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – Aidesep, que reúne a 1500 comunidades amazónicas agrupadas en 67 federaciones y nueve organizaciones regionales, expresa lo siguiente:
1. Lamentamos que, en los
procesos penales derivados de la movilización pacífica amazónica del 2008 y
2009; el Ministerio Público se haya convertido en una máquina de acusaciones
contra los líderes indígenas de nuestra Amazonía, para quienes pide penas
incluso hasta de CADENA PERPETUA, sin ningún criterio de justicia sino de
perseguir por perseguir con fraguados elementos de “convicción” por delitos
inexistentes. Esta actitud injusta nos lleva a pensar que no se han cambiado
las equivocadas “políticas” de criminalización de la protesta social y que
mediante los operadores de “justicia” se pretende vapulear a nuestros líderes y
dejar impune las responsabilidades del Estado por la masacre y genocidio de
Bagua 2009.
2. Aidesep califica como
INACEPTABLE y ARBITRARIO la forma de cómo se ha tramitado al proceso judicial y
a la incongruencia, contradicciones y carencia de fundamentos objetivos de la
acusación fiscal con la única intención de esquivar la verdadera
responsabilidad de los autores del genocidio de Bagua. Por ello, la acusación
fiscal resulta criminalizando la justa protesta indígena del 2009 y termina
defendiendo los intereses y negociados de los autores racistas del “perro del
hortelano” vinculados a la invasión extractivista de la Amazonía que siguen
desarrollando estrategias concertadas con otros poderes fácticos para negar un
elemento central de toda democracia que es el derecho que tienen los ciudadanos
a protestar libre y pacíficamente.
3. No se ha considerado
dentro del proceso a los verdaderos responsables de los lamentables hechos de
Bagua como son el ex presidente Alan García, el ex primer ministro Yehude Simon
y la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas y los generales que
ejecutaron las órdenes masacradoras con el peor operativo inimaginables. Tanto
es la protección de la justicia peruana a estos operadores del racismo alanista
que se ha omitido solicitar las declaraciones de los funcionarios que
decidieron realizar el 05 de junio, la peor y torpe medida de “restablecimiento
del orden público”. Esto era importante para poder corroborar si tenían o no
conocimiento de la decisión de las comunidades de retirarse o retornar a sus
zonas el 05 de junio; y si se tenía conocimiento debió habérseles preguntado
entonces ¿cuál fue la razón o qué se buscaba con la violencia policial si ya
los pueblos habían decidido retirarse? ¿quién les dio la orden de desalojo?
¿fue el propio Alan García o la ex ministra Cabanillas? ¿por qué la ex titular
de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, mintió al decir que si se derogan los
Decretos Legislativos, el TLC con EE.UU. se cancelaba y alimentó ese clima de
violencia? Todos estos funcionarios del Estado no solo deben ser acusados por
una “responsabilidad política” sino que deben ser sancionados penalmente por la
Justicia ante la violencia que azuzaron con sus erradas decisiones y mentiras.
Declaramos que no permitiremos que una vez más nuestros dirigentes sean
sentenciados a injustas penas, como la de cadena perpetua, que incluso chocan
con el orden constitucional.
4. Es por eso que las
comunidades indígenas de Amazonas, de las cinco cuencas de la región: Cenepa,
Marañón, Santiago, Chiriaco y Nieva están movilizándose hacia la ciudad de
Bagua para expresar su rechazo contra esta decisión que pretende sancionar a
los pueblos por ejercer su libre derecho a proteger sus territorios contra la
destrucción de sus bosques. Asimismo, iniciarán una vigilia desde el 06 de
marzo en dicha ciudad para demostrar que los pueblos son pacíficos y que lo
ocurrido hace cuatro años fue producto de decisiones políticas racistas y
subastadoras de la Amazonía de los gobernantes de turno.
5. Llamamos también a todas
nuestras federaciones y organizaciones regionales a estar vigilantes frente a
estos nuevos intentos de silenciarnos; a las organizaciones hermanas y de la
sociedad civil que trabajan como aliados de los pueblos indígenas a
solidarizarse con los dirigentes indígenas acusados y evitar que sean
sentenciados como malévolamente se pretende con la acusación fiscal a cadena
perpetua.
Finalmente, la Aidesep hace
un llamado al gobierno de Ollanta Humala a no heredar mecánicamente el crimen
racista del alanismo del 2009, a no criminalizar la protesta, a tender puentes
para no generar más conflictos sociales. La Amazonía no necesita más represión,
sino solución a las demandas territoriales, ambientales, económicas y de libre
determinación para la “Vida Plena” de sus pueblos.
Lima, 27 de febrero de
2013. Consejo Directivo Nacional de la
Aidesep
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