Nota del Director: al margen de cualquier discrepancia ideológica,
nos ha parecido muy esclarecedor el comentario que publicó LA REPUBLICA a
comienzos de la semana que termina y lo hace el reconocido analista Ricardo
Uceda, que, siendo de interés especial para esta parte del país, nos parece una
clarinada de alerta de lo que podría ocurrir, si los jueces se ciñen en sus
principios de administrar JUSTICIA REAL, se proyecta muy inquietante y nos
previene no hacerse muchas ilusiones.
Ricardo Uceda
El 31
de marzo, debió realizarse la audiencia de control de acusación del cargo de
incitación al secuestro agravado que hace el Ministerio Público contra el
actual presidente del Gobierno Regional de Caja marca, Gregorio Santos. No se
produjo por la huelga judicial. Es un caso viejo, pero cobra importancia porque
se produce el año en que Santos postulará a la reelección. ¿Podría, bajo
determinadas circunstancias, traerse abajo su candidatura? La situación es
compleja, en un terreno sin delimitación entre la justicia especial y la
ordinaria.
Los defensores de Santos, que no son pocos
entre personajes ambientalistas y de la izquierda, se preguntan por qué han
resucitado penalmente acontecimientos de hace nueve años. De otra parte, las
organizaciones feministas y de derechos humanos han observado la situación como
si se produjera en otro país. La suspicacia por la acusación tardía es natural.
La denuncia penal de Petronila Vargas fue recibida por el Ministerio Público
recién el 28 de febrero del 2012. Podría haber una intención política, claro.
Pero también podría haber delito. No es infrecuente que en estos casos la
escopeta tenga dos cañones.
El fiscal Briceño elaboró un acta de la
asamblea de noviembre del 2004, que fue suscrita por él y por el teniente de la
policía Héctor Idrogo. Los dirigentes ronderos se negaron a firmarla pero
Briceño los menciona a todos, entre ellos, los tres a quienes años más tarde la
denuncia fiscal consideraría como coacusados: Elianita Zabaleta, presidenta de
la Federación Regional de Rondas Campesinas de San Ignacio; Gregorio Santos,
secretario de Educación y Cultura de la Federación Regional de Rondas
Campesinas; e Ydelso Hernández, presidente de la Federación Subregional de
Rondas Campesinas de Jaén. Estaban reunidos, según el acta, unos doscientos
comuneros. A ellos se dirigió el representante del Ministerio Público para que,
de acuerdo con la Constitución Política, respetaran los derechos humanos de la
persona a la que tenían retenida. El teniente Idrogo intervino en el mismo
sentido. Luego habló la acusada, quien hizo una confesión sorprendente.
Siete años y medio después, el fiscal
Briceño, quien ahora ejerce en el Ministerio Público del Callao, envió un
informe ratificando su versión al fiscal del caso, Erland Sánchez. En el
escrito Briceño sostiene que Santos era uno de quienes dirigían la reunión y
que se pronunció en contra de que Petronila Vargas fuera puesta a disposición
del Ministerio Púbico. Santos, según el fiscal,
dijo que la entrega se produciría
cuando ella hubiera cumplido el castigo impuesto por la asamblea. Se acordó,
por mayoría, que ella sea sometida a la “cadena rondera”, esto es, a un proceso en el que el culpable de algún
delito es llevado de caserío en caserío para hacer trabajos comunales forzados.
En el trayecto se le imponen, eventualmente, castigos físicos: ejercicios,
azotamientos, baños con agua helada. Por lo común estos penitentes ya han
confesado, de suerte que la cadena ronderil
sirve para que se reforme y reivindique ante la comunidad. Ahora bien,
esto es legal en el sistema jurídico peruano. ¿Por qué entonces Santos tendría
que ir treinta años a prisión, como pide el fiscal con base en las penas
previstas para secuestro agravado?
Ahora volvamos a la asamblea del 31 de
marzo del 2005. ¿Estaban las rondas procesando a una asesina?
La fiscalía aduce que los ronderos debían
entregarle a Vargas porque la investigación del crimen de Mera estaba a su
cargo. Pero actualmente no hay ninguna ley que determine cuáles delitos asumen
las rondas y cuáles otros no. El Poder Judicial ha enviado al Congreso un
proyecto para delimitar la jurisdicción, reservando, por ejemplo, para la
justicia ordinaria, los asesinatos y violaciones. Pero la Comisión de Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afro peruanos del
Congreso ha levantado esa reserva y aprobó por unanimidad que la justicia
rondera pueda investigar todo, menos narcotráfico, crímenes de lesa humanidad y
delitos contra el Estado. A comienzos de este año, las rondas de Pichampampa,
en Otuzco, asesinaron a la anciana Elesmira Zárate, de 68 años, acusándola de
brujería. Si un fiscal hubiera acudido para impedir su juzgamiento estaría
usurpando funciones de la justicia intercultural.
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