Esa fue la expresión de los rostros de los abogados que acudieron
a San Ignacio para defender a sus líderes. No estaban en un acto de contrición.
Se suponía que tenían en sus manos LA VERDAD, esa que esgrime GREGORIO SANTOS,
al igual que Alberto Kenya Fujimori «¡SOY INOCENTE!», pero los señores Letrados, no pudieron
defender lo indefendible, el menudo abogado defensor de las víctimas de los
despiadados líderes ronderos, los apabuyó no con palabrería gaseosa, si no con
abundantes argumentos y evidencias concretas y palpables que desbarataron todo
intento de pretender soslayar los hechos. Puesto que los imputados, dejaron
torpes evidencias de los delitos que cometieron, en la creencia que continuaría
imperando en nuestro país, la IMPUNIDAD
instaurada con el fujimontesinismo. Su tesis de «COSA JUZGADA», no tuvo
un ápice de cabida y mucho peor, el interesado, mercantil y porfíado argumento
que «LAS MINERAS LE ESTÁN PAGANDO AL ABOGADO DENFENSOR DR. JAVIER ADRIANZÉN
CARREÑO» (A lo mejor dirán lo mismo por este Semanario), para blindar los
pagos con dinero del gobierno regional que
el acusado principal sí lo hace a quienes le sirven de papel higiénico
en esta parte del país. En palabras del
Dr. Adrianzén Carreño: «La señora Juez Rosa Fernández, mostró su parcialidad y
su pusilanimidad, no procedió como lo hace con pirañitas u otros de mucha menor
importancia, de inmediato ordena su encarcelamiento. Esta vez, no sólo le temblaron
las piernas y las manos, también su criterio de juzgadora». Puntualizó
Adrianzén Carreño.
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