Sólo 18 de los 53 acusados se presentaron en medio de enorme espectativa
BAGUA.-(¡NOR
ORIENTE!).- Un día antes del 7 de marzo,
fecha señalada para la audiencia a la que fueron citados 53 nativos, la
ciudad amaneció con decenas de policías
patrullando las calles, lo que fue considerado por los dirigentes de ORPIAN
como una abierta provocación. «Nosotros nada hemos hecho y ya nos están
poniendo batallón de policías». Dijo un tanto incómodo Edwin Montenegro,
presidente de ORPIAN.
La noche del jueves, el pueblo de Bagua, con
sus organizaciones sociales, tan igual como el 05 de junio del 2009, estuvieron
solidarios con los hermanos indígenas que llegaron en reducidas delegaciones, pasaron la noche
en la plaza principal en una vigilia
frente al palacio municipal.
Al día siguiente, con la presencia del
acusado principal y presidente de AIDESEP Alberto Pizango Chota, acudieron al
Módulo de Justicia, donde los esperaba el tribunal que los juzgaría.
Sin embargo, de los 53 citados, solamente
asistieron 18, el resto, no se presentó y
desde el interior, según nuestro corresponsal H. Kinín, aseguran que no
se presentarán, hasta que la justicia «se ponga igual para todos».
En este sentido, y después de concluida la
prolongada audiencia, tras la cual se
supo que la SALA LIQUIDA DORA
TRANSITORIA en 15 ó 30 días
decidirá si archiva el caso o dará inicio a JUICIO ORAL.
Para el abogado Juan José Quispe de IDL:
Actuación de Fiscal demuestra carencia de pruebas contra acusados del “Baguazo”
Servindi, 7 de marzo, 2013.-
Hoy se llevó a cabo la audiencia de control de acusación fiscal que determinará
si se inicia juicio oral a los acusados por los hechos del “Baguazo”. Para Juan
José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que patrocina la
defensa de tres de los 53 indígenas procesados, la Fiscalía Superior de Bagua
demostró una vez más que no existen pruebas para el inicio de un proceso oral.
La Sala Penal Liquidadora
Transitoria de Bagua que investiga el caso, ocurrido el 5 de junio del año
2009, escuchó hoy los argumentos de titular de la Fiscalía Superior de Bagua,
Edwin Humberto Vargas Daza.
Según el abogado de IDL,
Vargas Daza demostró hoy que el Ministerio Público carece de medios probatorios
para acusar a los dirigentes nativos de asesinar a 12 policías y ocasionar
lesiones graves a otros 18 efectivos de la “Curva del Diablo”.
Para sorpresa de muchos y
ante la evidente ausencia de argumentos, explica Quispe, el fiscal superior
acusó a la Sala de ser ésta la que lo obligó a acusar a los nativos.
Organizaciones indígenas se
pronunciaron sobre la acusación contra sus líderes, pidieron así que se las
investigaciones apunten a hallar a los verdaderos responsables de los trágicos
hechos que terminaron con la vida de indígenas y policías, y dejaron un
desaparecido.
Los fallidos argumentos del
fiscal
Es preciso recordar que el
fiscal superior adjunto de Bagua, José Espichán Gadea, fue quien planteó la
acusación contra los nativos pidiendo así condenas mayores a los 30 años de
cárcel e incluso cadena perpetua. Pero fue el titular de la fiscalía quien se
encargó de sustentar el pedido.
Es así que esta mañana Vargas
Daza se presentó ante la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua, que
preside el magistrado Gonzalo Zabarburú Saavedra, en una performance que dejó a
más de uno con la boca abierta.
Para el Fiscal Superior de
Bagua, explica Juan José Quispe, no es necesario presentar pruebas para ir a un
juicio oral, así como tampoco es necesario –para acusados por homicidio
calificado –individualizar la conducta típica de cada judicializado.
Estas afirmaciones no fueron
bien recibidas por los abogados que defienden a los indígenas procesados que
vieron en sus declaraciones una falta de conocimiento de lo que manda el Código
Procesal Penal vigente, además de otras normas.
Cabe destacar, como lo señaló
el IDL en un comunicado, que para imputar la categoría de autor de un delito es
preciso acreditar pruebas como el testimonio sólido y directo que incrimine al
acusado con los delitos instruidos.
Asimismo, debe existir una
prueba video gráfica que permita establecer con claridad el momento en que se
observa al autor cometiendo el delito o una prueba pericial que acredite
científicamente quién es la persona que directamente consumó los tipos penales
por los cuales se le procesa, entre otras pruebas.
Pero lo más grave de todo lo
afirmado por Vargas Daza llegaría después, cuando acusó a los miembros de la
Sala –que en la fecha a la que hacía referencia estaba ocupado por otros
magistrados– de ser ésta la que lo obligó, mediante una resolución, a acusar a
los nativos.
Sobre este punto, el abogado
de IDL recalcó la gravedad de las palabras del fiscal que aluden a una
intromisión de poderes. “Al fiscal superior no le ordena el Poder Judicial”,
señaló Quispe.
Recordó así que si la Sala
Liquidadora de Bagua ordenó algo “no era que ordenara acusar, porque el fiscal
puede acusar o archivar el caso. Sobre todo si no hay pruebas contundentes
contra los líderes de las comunidades indígenas”.
El abogado de IDL sostuvo
finalmente que la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua decidiría en 15 o
30 días el archivo o el inicio de un juicio oral contra los dirigentes
procesados por el denominado “Baguazo”.
Manifestaciones en apoyo a
líderes indígenas continúan
Ayer, el Frente de Defensa y
Desarrollo de Alto Amazonas (Fredesaa) y otras organizaciones indígenas
acataron un paro de 24 horas en apoyo a los dirigentes indígenas y al
presidente de la Asociación Inte rétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
(Aidesep), Alberto Pizango Chota, quien se encuentra entre los acusados por los
hechos en Bagua.
En Yurimaguas, capital de
esta provincia, en horas de la tarde se desarrolló una marcha por las
principales calles de la ciudad. Desde temprano en los centros de abastos y en
el puerto principal no hubo actividad alguna.
En ese mismo sentido se
expresaron esta mañana las bases de la Organización de Pueblos Indígenas del
Oriente (ORPIO) quienes elevaron su reclamo y exigieron justicia frente a las
acusaciones contra los 53 dirigentes indígenas, y consideraron el hecho de
“persecutorio, arbitrario e inaceptable”.
El Consejo Directivo de la
Organización Regional Aidesep Ucayali – ORAU, base regional de la Aidesep, que
agrupa a 15 pueblos indígenas de la región Ucayali y 12 organizaciones
distritales, también se pronunció.
Ellos exigieron a la Corte
Superior de Justicia de Bagua, los absuelva a sus hermanos indígenas y se
sancione a los verdaderos responsables. Señalan así que estarán a la
expectativa que no se vulnere los derechos de “nuestros hermanos y estaremos
respaldando las acciones en defensa de su libertad”.
De otro lado, organizaciones indigenistas de
todo el mundo le hicieron llegar CARTA al presidente de la Sala Liquidadora. El
texto en nuestra sgte. Edición.
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