Como que se desesperan por lavarse las manos ensangrentadas con los sucesos del 05 de junio-09, la mayoría congresal, todos ellos digitados desde Palacio de gobierno, se apuraron este fin de semana en aprobar las conclusiones de las comisiones investigadoras evacuadas en CUATRO informes.
La noche del jueves último el debate se caracterizó por el empeño del oficialismo en petardear los informes en minoría y limpiar de todo cargo a sus ex-ministros, de paso ocultar en entre ellos AL PRINCIPAL, Alan García. Los medios capitalinos (El Comercio del viernes último) destaca el rol que desempeño el congresista lambayecano Humberto Falla Lamadrid que en el cuarto informe libra de toda responsabilidad a los ministros de ese entonces. En contraposición los congresistas Víctor Isla, Washington Zeballos y Guido Lombardi han sido contundentes en denunciar la responsabilidad del Ejecutivo en la matanza, pues se impusieron normas legales que vulneraban el derecho indígena a sus territorios, dictadas sin consulta previa, exigida por el Convenio 169 (OIT). Señalaron que los decretos dictados desde Palacio desnaturalizaron la delegación de facultades otorgada por el Legislativo y exacerbaron los ánimos de la población indígena, que los ministros Yehude simon, Mercedes Cabanillas, Mercedes Aráoz y Antero Flores Aráoz, contribuyeron con su accionar a detonar el conflicto, por lo que le cabe responsabilidad política y penal. Guillermo Isla y Washington Zeballos recordaron que Alan García incentivó a la aplicación de una política que vulneraba los derechos indígenas y que el 03 de junio le ordenó a Mercedes Cabanillas desalojar a los indígenas «a como diera lugar». Cabanillas se queja que quieren «utilizar su figura honesta» para ocultar a los responsables de la masacre, entre los que se encontraban, según élla «agitadores profesionales» (pero no ha identificado a ninguno). Al cierre de la presente edición, el congresista Yoni Lescano sustentaba que este asunto deberá definirse después del 28 de julio y que los verdaderos responsables sean totalmente identificados.
Ampliando un poco
Lo dicho anteriormente es un resumen de las publicaciones de los diarios capitalinos La República, El Comercio, La Primera. Todos coinciden en que HAY RESPONSABILIDAD política y penal en el ejecutivo; pero para que entiendan mejor nuestros lectores de esta parte del país: hay dos escenarios o dos asociaciones ilícitas para delinquir en un mismo caso, EL BAGUAZO. Una, la parte política en Lima, la otra, el aparato judicial en BAGUA-UTCUBAMBA, empezando por los jueces y fiscales provisionales, incluyendo al «procurador» Arroyo Novoa, que de Procurador, sólo ha conservado el cargo para efectos de cobrar sus prebendas, porque eso no puede ser considerado «sueldo». Todos estos, fueron los que han contribuído eficazmente para que este proceso permanezca estancado DOS AÑOS y recién curiosa y sospechosamente tanto en el congreso como en los juzgados de Utcubamba, empiezan a dar muestras de querer avanzar con tan engorroso y nefasto juzgamiento, en el que no hicieron NADA, y por eso sacaron fuera del caso a la Fiscal Rojas Méndez a la que la ex-Fiscal de la Nación Gladys Echaiz la recriminó, la amenazó y por si fuera poco está ad portas de ser destituída de su carrera como Fiscal con más de 24 años de servicio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario