Segundo juicio del Baguazo: no a la impunidad pero tampoco a la criminaliza ción indiscri minada
En los próximos días, 25 aguarunas serán juzgados por la muerte de 12 policías en la Estación N°6 de Petroperú. Una ocasión propicia para que la Sala Mixta de Bagua tome medidas que puedan ser las más adecuadas para entender el pasado y proponer una situación pacificadora por el futuro.
Escribe: Silvia Romio
En primer lugar, el recuerdo fresco del cierre del primero de los seis juicios relacionados al “Baguazo” (22 de setiembre 2016), donde la sentencia -sorprendentemente- había declarado la absolución de los 53 acusados.
El conjunto de varias experiencias, es decir de los dos años de audiencias, finalmente, de la sentencia, ha marcado una huella importante en la memoria indígena local, tanto de los ex- acusados, como de sus familiares. Ellos han tenido una experiencia directa y profunda de la política de criminalización de la protesta y de sus consecuencias: cómo funciona el sistema de justicia ordinario, su lenguaje y sus tecnicismos, pero también la sensación que, a veces, hay formas de diálogos y entendimientos.
Me refiero a las relaciones humanas y, a veces, de amistad, que han venido estableciéndose entre los agraviados y sus abogados. Pienso, por ejemplo, en el vínculo humano y sincero que se ha consolidado entre el doctor Norbel Mondragón Herrera y el líder awajún Santiago Manuin. Cuando, en el 2016, Santiago se encontró discapacitado a causa de las heridas de balas del Baguazo, a la salida de su sala operatoria encontró a este doctor. “Nunca te desanimes. No son las piernas lo que hace de un hombre un gran luchador social”, le dijo el abogado, dándole la mano.
Son justamente esos mismos sentimientos los que esperamos que caractericen a la Sala Penal que será protagonista del nuevo juicio del Baguazo, que se abrirá en agosto 2017. En este segundo juicio oral, 25 awajún serán juzgados por la muerte de 12 policías en la Estación N°6 de Petroperú, masacre perpetrada el mismo 5 de junio de 2009 luego de los enfrentamientos en la Curva del Diablo.
Si, de un lado, no queremos caer en una situación de impunidad, del otro lado, tenemos también claros los extremos que una política de criminaliza ción de la protesta, tal como la que actualmente se está practicando en Perú, podría plasmarse. El fiscal de la Nación ha pedido cadena perpetua para los 25 acusados. Imposición del orden y mano dura contra una sociedad fragmentaria y salvaje, diría Sarmiento. ¿O una reglamentación disciplinaria entre el Estado y una parte de su población, todavía reacia a uniformarse al modelo de ciudadanía nacional?
Frente a este escenario tan polarizado, quienes seguimos el juicio anterior, quedamos perplejos y preocupados. ¿Quién tiene que hacer memoria de los errores del pasado? ¿Solamente los indígenas implicados en el Baguazo, o también el sistema de justicia y el gobierno peruano en general?
Luego de la audiencia de control del 9 de junio, quedamos atentos a otras novedades. Esperamos que ese cambio de fecha (si realmente ha sido una respuesta a las movilizaciones en Imaza del 5 y 6 de junio) se vuelva también una ocasión propicia para que la Sala reflexione acerca de sus aproximaciones hacia el universo awajún, y tome medidas que puedan ser las más adecuadas para entender el pasado y proponer una situación pacificadora por el futuro.
Sabiendo que ninguno de los acusados fue encontrado manchado de sangre o visiblemente implicado en la matanza de los 12 policías, planteamos a la corte penal la cuestión: Si los actuales acusados son inocentes ¿quiénes son los responsables? Y, también, ¿cuáles medidas de investigación serían las más deseables para reconstruir los acontecimientos, conscientes y respetuosas de las diferentes dinámicas locales?
POSDATA:
Sobre el particular, el Driector de este Semanario solicitará a la Sala de Bagua, se le considere como TESTIGO DE CARGO, por tener evidencias claves sobre quien o quienes asesinaron a los policías.
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