Ojo-Público.- El 25 de enero de 2016, el oleoducto Nor Peruano expulsó 3 mil barriles de petróleo crudo en la quebrada de Inayo, localidad de Chiriaco, en el distrito de Imaza, Amazonas. Petroperú ofrecía 150 soles para recoger el producto. Los niños fueron los más entusiasmados en hacer esta labor, sin embargo, la realizaron sin las medidas de protección necesarias. Con los meses, su salud se deterioró. A algunos de estos niños les tomaron pruebas que fueron examinadas en Canadá y estas dieron como positivo a cadmio, plomo mercurio y arsénico.
Lucía Kayap es la madre de dos de los niños afectados. Ella llegó a Lima junto al Apu de la comunidad de Nazareth en busca de atención para las 243 personas que fueron expuestas al derrame de petróleo, 66 de ellas menores de 14 años.
“Mis hijos están mal, quién los atiende, quién responde a esto, de repente se mueren. No hay atención del gobierno ni de Petroperú. Quiero hacer una queja pero no sé a dónde ir, a quién acudir. Los cultivos también se han afectado”, dijo Kayap.
Norberto Wamputsak, autoridad índigena, asegura que el derrame de petróleo ha afectado a 45 comunidades a lo largo del río Chiriaco hasta llegar al río Marañón. En los puestos de salud los atienden con paracetamol, pues consideran que solo se trata de una ‘alergia‘.
Wamputsak cuenta que Petroperú les dijo que el petróleo derramado pasó encima del río y como los peces están debajo, estaban aptos para comer
“Una madre comentó que cuando hizo un caldo de pescado el sabor era a petróleo y así lo consumieron. La población continuó alimentándose de los peces que hay en el río Chiriaco, porque no hay otro río cerca”, dijo Wamputsak.
En setiembre de 2017, el Apu Wamputsak presentó una demanda constitucional de amparo contra el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de Amazonas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por violación a la salud y al medioambiente y también al adecuado desarrollo de sus vidas. Esta demanda fue admitida en noviembre por el Juzgado Mixto de Bagua.
Sin embargo, lo que los damnificados de este derrame petrolero necesitan son acciones urgentes de salud. Ellos decidieron agregar a la demanda una medida cautelar para acelerar estas acciones. Esto haría que se suspenda el hecho lesivo y se atienda la salud ante el peligro de pérdida de vidas.
OEFA ha reconocido el daño en las comunidades. Incluso el informe de una comisión del Congreso, presidida por el hoy primer ministro, César Villanueva, dice lo mismo. Lucía Kayap y Norberto Wamputsak no entienden por qué el Ministerio de Salud no interviene y constata la situación de los niños que recogieron el petróleo con sus propias manos, estimulados por un pago.
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