Por Luis Manuel
Claps
SERVINDI.-05 de setiembre,
2013.-El sábado 17 de agosto se llevó a cabo en la Casa del Maestro el foro
público “Hidroeléctricas en el Marañón: Ríos, Vida e Industrias Extractivas”,
organizado por Forum Solidaridad, International Rivers, Grufides, la Plataforma
Interinstitucional de Celen dina (PIC) y las Rondas Campesinas.
El encuentro contó con la participación de
diversos expertos y representantes de las comunidades potencialmente afectadas.
En los días previos, una comisión recorrió durante tres días los valles y
comunidades del cauce medio del Marañón que serían sepultados por el embalse
para informar, conversar, fortalecer vínculos y promover acciones conjuntas en
defensa del río y sus ecosistemas.
La energía
El proyecto hidroenergético Chavín II (600
MW) es promovido por AC Energía SA, del grupo multinacional brasileño
Odebrecht. Supone la construcción de una presa de 175 metros de altura que
formará un embalse de unos 23 kilómetros de largo en el tramo andino del río
Marañón. El costo monetario del proyecto asciende a US$819 millones, mientras
que los costos ambientales y sociales podrían ser mucho mayores. Se estima que
la etapa de construcción demandará unos 2500 trabajadores, pero la operación y
mantenimiento no requerirá más de 40.
El embalse sepultaría bajo el agua 21
centros poblados, entre ellos El Inca, El Mango, El Paraíso, Santa Rosa,
Montegrande, Sala zar, Nueva Rioja, El Cura, Saquilillo, Mapish, San Francisco,
Libián, Tupén y Mendán. La principal actividad económica de la zona es la
agricultura y los cultivos más productivos son la hoja de coca y los frutales
como papaya, plátano, naranja, limón, mango, etc.
En el resumen ejecutivo del EIA del proyecto,
actualmente en proceso de aprobación, AC Energía propone “transacciones
individuales” con los propietarios de los terrenos que serían inundados, sin la
intervención del Estado ni organizaciones intermedias. El estudio no reconoce
la existencia de pueblos indígenas.
El agua
Los yacimientos de Conga fueron
descubiertos originalmente en 1991 pero las actividades de exploración
comenzaron en 2004. En octubre de 2010 se aprobó su Estudio de Impacto
Ambiental. El Gobierno Regional y las comunidades denunciaron los graves
impactos que provocaría en las cabeceras de cuenca.
Ante el reclamo por la destrucción de las
lagunas Azul, Perol, Mala y Chica, Minera Yanacocha respondió que construiría
cuatro reservorios para reemplazarlas. El 27 de julio de 2011 la estadounidense
Newmont Mining y su socia local Buenaventura, propietarias de Yanacocha,
hicieron pública la aprobación de la financiación del proyecto por US$4800
millones, la mayor inversión minera en la historia del Perú. Pero en noviembre
de 2011 un contundente paro obligó a la empresa a suspender sus actividades. La
renuncia del viceministro de Gestión Ambiental, que mantenía una posición
crítica del proyecto, precipitó una crisis política en el primer gabinete del
recién asumido Ollanta Humala. Miles de personas salieron a las calles para
defender el agua y Yanacocha anunció la suspensión del proyecto por exigencia
del gobierno nacional.
El 4 de diciembre el premier Salomón Lerner,
varios ministros y las autoridades regionales se reunieron en la ciudad de Cajamarca.
Esa misma noche Humala decretó el estado de emergencia en las provincias de
Cajamarca, Hualgayoc, Celendín y Contumazá por el término de sesenta días y
Óscar Valdés, entonces ministro de Interior, fue designado primer ministro.
El 17 de abril de 2012 un Tribunal
Constitucional invalidó una ordenanza del Gobierno Regional que había declarado
inviable al proyecto minero. En los primeros días de julio, la brutal represión
a los manifestantes opositores al proyecto por fuerzas del Ejército y la Policía
Nacional dejó el trágico saldo de cinco muertos y unos ciento cincuenta
heridos.
Veinte por uno
En un solo decreto, en abril de 2011 Alan
García declaró de interés nacional la construcción de veinte centrales
hidroeléctricas en el río Marañón. Rebautizada como la “arteria energética”
que aseguraría el “desarrollo productivo del Perú hasta el año 2050?, con
“impactos mínimos o nulos sobre el medioambiente”, la decretada “revolución
energética” de “quince mil millones de dólares” generaría más de “doce mil
megavatios” y permitiría “irrigar millones de hectáreas agrícolas”.
Los principales proyectos incluidos en el
decreto son Cumba (1400 MW), Rentema (1500 MW), Escurre braga (1800 MW) y
Manseri che (4500 MW). A éstos se suman otros cuatro: Chavín II, Marañón (96
MW), CH del Norte (600 MW) y Veracruz (700 MW). El decreto omite sus reales
motivaciones económicas: la exportación de energía a Brasil y el abastecimiento
de la extensa cartera de mega proyectos mineros de las empresas transnacionales
en la región.
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