Madiante cédula de notificación N°17742-2017 de fecha 18 de setiembre seguidos por el charanguista Daniel Altamirano Olano contra José Torres Gallardo y otros, por pagos que supuestamente no le dieron al demandante y se le responsabilizó al demandado, tras un largo proceso investigatorio, acaba de ser declarado IMPROCEDENTE y la Fiscal Ana Zegarra Azula emitió la DISPOSICION DE NO FORMALIZAR, NI CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. Es decir, CASO CERRADO.
Enterado el principal demandado, no pudo evitar emocionarse, al ser abordado por este semanario. Dijo que siempre estuvo seguro y muy confiado en nuestra JUSTICIA; porque «tengo mi conciencia limpia y tranquila».
Reconoció que hubieron malas intenciones y se procedió de muy mala fe en una campaña de desprestigio a su persona, a través de algunos medios de prensa local. Dijo: «Espero tengan la hidalguía y si conocen algo de ética, no esperen una carta rectificatoria, que no lo haré; pero con este fallo, se demuestra que en nuestra provincia seguimos a la deriva, cualquiera es informador y también mal informante».
Agregó además que lamenta muchísimo el enorme daño que le causaron a su difunta madre «élla se fue al más allá, enterándose de cómo me desprestigiaban, sé que le hicieron doler mucho y me sentía impotente para contrarrestar tan infame campaña». Lo dijo con sentimiento nostálgico recordando a su difunta madrecita.
Agrega: «este es el premio por amar tanto a mi Jaén, de lo que no me arrepiento y seguiré trabajando con absoluta honradez sin robarle un sol a nadie. Procedo de un hogar muy digno y lo único que deseo es que mi pueblo siga siendo ese valle de paz y sociego que todos anhelamos».
La disposición fiscal contiene 17 páginas en cuyo contenido se detallan minuciosamente las pericias e indagaciones que se hicieron para concluir en la decisión que se está notificando.
POSDATA: Antes de cerrar la presente, José Torres Gallardo, nos pidió resaltar un hecho muy extraño, en el sentido que los principales interesados en este bochornoso incidente fueron los regidores Max Recalde; Wincler Delgado Monteza, Jairo Vargas Cruzado y Alan Carlos Sánchez. Fueron muy incisivos acusándolo en sesión de regidores y lo difundieron ocho veces por un medio de prensa escrita local, echando por los suelos su dignidad. No se observó el debido proceso administrativo. Con inusual rapidez lo derivaron al procurador de ese entonces José Calderón, por lo que analiza una denuncia penal contra sus acusadores.
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