AREA LEGAL DE
AIDESEP.- La criminalización
y judicialización de la protesta amazónica, en especial contra nuestro
dirigente Alberto Pizango Chota, es una
modalidad de persecución política implementada por el Estado y que tiene la
forma de la instrumentalización de procesos penales. En el caso de la protesta
amazónica esta práctica estatal se expresan por medio de diversos procesos
penales sin fundamento legal o medios probatorios que lo sustenten. Son acciones
legales promovidas por el Estado que tienen como única finalidad de sancionar y
erradicar la protesta en contra del modelo político y económico. No buscan
materializar la justicia ni el estado de derecho, sino castigar de manera
ilegal a quienes él poder nos presente como “los perros del hortelano”.
Son conocidos los procesos penales construidos
como consecuencia de esta protesta. Por
ejemplo, las conferencias de prensa y pronunciamientos realizados por AIDESEP,
un ejercicio elemental de la libertad de expresión, previos al 5 de junio del
2009, fueron denunciados como actos ilícitos y se abrió en Lima varias
denuncias y procesos penales por apología del delito; por los sucesos en la
“curva del diablo” se ha acusado a nuestro líder de ser el instigador del
homicidio de policías, de lesiones a policías, daños a instalaciones públicas y
privadas, del bloqueo de carretera, disturbios, etc., hechos por los cuales el Ministerio Público
pide se le imponga a Alberto Pizango y otros dirigentes la pena de cadena
perpetua. Y por los acontecimientos de la “Estación 6” donde lamentablemente
fallecieron 10 efectivos policiales se le abrió otro proceso penal por el
delito de secuestro y homicidio en agravio de efectivos policiales.
En todos estos casos las
“pruebas” que sustentan las denuncias, procesos y acusaciones penales son: ser
dirigente de AIDESEP, haber convocado a la protesta indígena, haber realizados
conferencias de prensa en el congreso y en las oficinas de AIDESEP, tener
ascendencia sobre sus hermanos indígenas, ser letrado. Ningún estado de derecho
podría aceptar que los hechos antes señalados constituyen medios probatorios de
actos criminales. Sólo en un país donde no existe un real equilibrio de poderes
y un estado constitucional de derecho, los operadores del sistema judicial por
influencia de los poderes fácticos, se ven en la necesidad, por múltiples
intereses o temores, de renunciar a su
independencia.
Estas prácticas estatales de persecución
política tiene hoy un nuevo hito en el caso “Estación 6” donde se venía
investigando los delitos de homicidio y secuestro, a pedido de la Fiscalía de
Bagua y por disposición del Juzgado Liquidador de Bagua se amplía el proceso
contra Alberto Pizango al delito de extorsión; es decir que las demandas de derogatoria
de los decretos legislativos de Alan García, el pedido de que se cumpla con el
derecho a la consulta previa, el respeto
a los derechos de los pueblos indígenas que fue exigido por la protesta en
Bagua, es presentado hoy por estos operadores del sistema judicial como actos
delictivos de extorsión, es decir que buscaban ventajas indebidas a favor de
las comunidades. Esto es inaudito y nuestra organización no lo aceptará y lo
combatirá con todas las armas que la ley occidental permite y nuestro derecho y
cosmovisión nos mande.
Esta nueva arbitrariedad de la que es objeto
nuestro dirigente tiene varias finalidades en sí misma: La primera es pretender
agravar la situación legal de Alberto Pizango ampliando los hechos de la
“Estación 6” al delito de extorsión en la modalidad de instigación cuya pena
con sus agravantes es de cadena perpetúa. En segundo lugar, al ver que no
existen pruebas de instigación del delito de secuestro y homicidio calificado y
extender los hechos al delito de extorsión pretenden asegurarse una nueva
acusación donde se solicite otra cadena perpetua con nuestro líder. En tercer lugar, y lo más grave de esta
ampliación es que la Fiscalía y Juzgado de Bagua interpretan las demandas de
los pueblos indígenas como actos extorsivos.
Frente a esta forma de persecución política
manifestamos y demandamos:
a)
Que por medio de los procesos penales derivados de “Baguazo”, se
establezca la verdad para sancionar a los verdaderos responsables de las
muertes de peruanos. Que se vuelva a investigar en el Congreso de la República
los hechos de Bagua, y la implementación y el cumplimiento por parte del Estado
de los acuerdos a que se arribaron.
b)
A la Sala Penal Liquidadora de Bagua, en el caso “Curva del Diablo”,
solicitamos se dé una nueva audiencia de control de acusación, debido a que los
jueces que resolvieron el traslado de competencia a Lima y que fueron
derrotados legalmente en su pretensión ya fueron cambiados y que los nuevos
jueces necesitan escuchar a las partes las observaciones a la acusación de
cadena perpetua y los delitos y “pruebas que los sustentan”.
c)
En el caso “Estación 6”, exigimos a la Fiscalía y Sala Superior de
Bagua, a resolver conforme a derecho y la jurisprudencia nacional. Un sistema
judicial garantista no puede interpretar la protesta de los pueblos indígenas
como un acto extorsivo. Las actividades diligénciales de nuestro líder al haber sido el vocero de la protesta,
el haberse dirigido a ellos y al Perú por medio de conferencia de prensa, el
ser dirigentes y presidente de nuestra organización, como argumentos de la
participación en los delitos atribuidos como instigador de todos los hechos y
delitos cometidos.
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