Martes, 10 de
diciembre de 2013 | 8:25 am (LR)
El proyecto, en todo este período de debate,
ha recibido duras críticas, la mayoría de estas por la creación de la
superintendencia.
Rider Bendezú
Luego de meses de debate, se aprobaron todos
los capítulos del texto sustitutorio del proyecto de la nueva ley
universitaria, pese a los cuestionamientos que recibió a lo largo de su
discusión.
Las críticas a este proyecto, que pasará al
Pleno del Congreso en la próxima legislatura, nacen por la creación de la
Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suneu), institución que reemplazará a la
Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
La superintendencia
Dentro de sus funciones, la Suneu deberá
supervisar la calidad universitaria, fiscalizar el uso de recursos y autorizar
la apertura de nuevas universidades. Los cuestionamientos nacen porque estará
adscrita al Ministerio de Educación.
El consejo directivo de la Suneu estará
conformado por nueve integrantes: un representante del Ministerio de Educación,
un representante del Ceplan, un representante del Concytec, dos representantes
de las universidades públicas, dos representantes de las universidades
privadas, un miembro de los colegios profesionales y un representante del
sector empresarial.
Acreditación obligatoria
Un brazo importante de la Suneu será el
Sineace, órgano autónomo que se encargará de la acreditación de la calidad
universitaria de las instituciones públicas y privadas. En la actualidad, solo
siete facultades han recibido esta certificación.
El principal cambio en este aspecto es que
esta acreditación es voluntaria, pero con la nueva ley universitaria pasará a
ser obligatoria, al punto que las no consigan esta certificación no podrán
entregar títulos a nombre de la Nación y se cerrarán las facultades que no
logren la acreditación en tres evaluaciones consecutivas.
Eliminación del bachiller automático
Hoy en día, el estudiante, al culminar los
ciclos de estudio obtiene el grado de bachiller tan solo con un pago. Con esta
nueva ley, el alumno no solo deberá conseguir los créditos correspondientes,
sino también tendrá que presentar una tesis de investigación forma obligatoria,
además del pago que establezca la universidad.
En tanto, para la obtención de la
licenciatura o titulación, el bachiller podrá sustentar una segunda tesis,
presentar un trabajo de suficiencia profesional o llevar un curso de
actualización profesional. También deberá demostrar el conocimiento de un
idioma extranjero o una lengua nativa.
Asimismo, para obtener la maestría, el alumno
tendrá que aprobar al menos 48 créditos o cuatro semestres académicos, además de elaborar una tesis de carácter
original conforme a la especialidad estudiada. Además, deberá dominar un
segundo idioma o una lengua nativa.
Finalmente, para obtener el grado de doctor,
el magister deberá concluir satisfactoriamente los seis semestres de estudio o
los 64 créditos, presentar una tesis de máxima rigurosidad académica y de
carácter original y dominar dos idiomas extranjeros, de los cuales uno puede
ser reemplazado por una lengua nativa.
Voto universal
En la actualidad, la Asamblea Universitaria
es la encargada de elegir al rector y a los dos vicerrectores. Esta nueva ley
plantea que la elección de las autoridades se dará con el voto universal. Tantos estudiantes matriculados, graduados y
docentes participarán en la elección de sus rectores. Sin embargo, el voto es
ponderado. Los profesores tendrán los dos tercios de los votos, mientras que
los alumnos el otro tercio.
Fin de los estudiantes
eternos
Uno de los puntos más
celebrados ha sido el noveno capítulo, cuyos artículos pretenden ponerle fin a
los llamados ‘estudiantes eternos’. El proyecto plantea que los alumnos que
desaprueben tres veces el mismo curso serán separados, de manera automática, de
la universidad. Además, el alumno deberá matricularse en al menos doce créditos
para mantener la condición de estudiante regular, caso contrario, pasará a ser
irregular y no podrá gozar de ciertos beneficios. Si bien se garantiza la
gratuidad de la enseñanza en la universidad pública, solo será para la primera
carrera.
Universidades privadas
deberán mejorar la calidad
En el
duodécimo capitulo, se estableció que las instituciones privadas, sean
asociativas sin fines de lucro o societarias con fines de lucro, deberán
garantizar la calidad universitaria. Las
que tengan fines de lucro deberán reinvertir parte de sus ganancias en mejorar
la calidad universitaria. Sin embargo,
los promotores deberán conseguir la autorización de la Suneu.
A FAVOR Y EN CONTRA LEY
UNIVERSITARIA (COMERCIO 10-12)
La Comisión de Educación
aprobó ayer el dictamen de la nueva ley universitaria, que establece la creación
de una superintendencia, transparentar el sistema y le pone fin a los
estudiantes eternos. La iniciativa ha sido criticada con dureza desde la
Asamblea Nacional de Rectores y la oposición en el Congreso, al considerar que
vulnera la autonomía universitaria. A continuación los puntos a favor y en
contra de la cuestionada norma.
¿Por qué marchan los universitarios? Siete
puntos de la ley que rechazan alumnos y docentes
A FAVOR
El presidente de la Comisión
de Educación, Daniel Mora, sostuvo que la nueva ley universitaria “es el primer
gran paso” para lograr un alto nivel de calidad en las instituciones educativas
públicas y privadas. Negó, además, que el dictamen de la norma haya sido
aprobado al “caballazo” como señaló la oposición y aclaró que dicho proyecto
fue debatido durante 17 meses. “Soy un
convencido que la educación es lo único que va a llevar al país al desarrollo y
esta reforma nos va a beneficiar a todos considerablemente (…) La universidad
que trabaje con calidad, no tendrá problemas. La tendrán aquellas que quieran
evadir su cumplimiento. Apoyamos la inversión privada, pero con
responsabilidad”, manifestó en Canal N.
El legislador dijo esperar que el dictamen
aprobado se debata lo más pronto posible en el pleno del Congreso. También
reiteró que la superintendencia, que velará por la calidad de las
universidades, “no vulnera para nada a la autonomía de la universidad”.
EN CONTRA
Orlando Velásquez, presidente de la Asamblea
Nacional de Rectores (ANR), rechazó el dictamen aprobado, el cual calificó de
inconstitucional por -según dijo- vulnerar la autonomía universitaria. Subrayó
que no hubo un debate responsable de la norma e invocó a todos los sectores del
país a pronunciarse en contra. “Se está creando una organismo político
policiaco para que controle (a las universidades). El Perú ya tiene una
experiencia negativa con este tipo de superintendencias. Durante la dictadura
de Velasco Alvarado existió un organismo controlista e intervencionista, que
hizo retroceder a la universidad”, dijo en el noticiero “D6A9”.
Velásquez indicó que la superintendencia al
estar adscrita al Ministerio de Educación, pondrá en manos del poder político
de turno a las universidades. “Nosotros creemos que sí hay un afán de control”,
añadió. El presidente de la ANR dijo que no se puede culpar a su institución
por la baja calidad educativa de algunas universidades. Además, advirtió que
los universitarios emprenderían movilizaciones “espontáneas” en defensa de la
“autonomía universitaria”.
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