BAGUA.- No se instaló el martes último, la audiencia en el caso de uno de los procesos más del llamado «BAGUAZO».
Debió reiniciarse en la Sala de Apelaciones del módulo básico de justicia de Bagua, donde tenía que empezar el juicio oral, sobre los hechos de sangre ocurridos en la zona selvática de Kusú distrito de Imaza en el que 10 efectivos policiales fueron asesinados con lanzas, palos y arma blanca, hace 8 años aproximadamente como parte de los actos provocativos del gobierno aprista de ese entonces.
Según el abogado Juan José Quispe del IDL (Instituto de Defensa Legal) de Lima, defensor de cuatro ciudadanos Awajun de los 25 que se hallan procesados, dijo que esto se debe, a que no fueron notificadas 12 personas de los 25 procesados, entre ellos los intérpretes Awajun Huampis y Alberto Pizango Chota según la fiscalía, como principal instigador, para todos está solicitando cadena perpetua.
Juan José Quispe sostiene que el Ministerio Púbico no ha demostrado, que los 25 procesados son los autores de esta masacre con consecuencias de muerte, si bien es cierto los 25 estuvieron en las marchas pacíficas de la estación 6 de Petroperú, pero no fueron los que ocasionaron las muertes, fueron otros nativos pero que en estos años la fiscalía y policía no han podido investigar o demostrar con claridad quienes participaron de estas masacres; expresó.
Este proceso judicial en otra faceta de los hechos sangrientos del 05 de junio del 2009, vuelve a poner a nuestros magistrados peruanos en la atención del mundo, por las implicancias de los hechos y las circunstancias tan singulares en las que se produjeron. Tal como lo hemos venido sosteniendo en este semanario desde la semana siguiente que ocurrieron.
Antes que intérpretes para traducir al español lo que digan los encausados, queda al descubierto el enorme vacío del DESCONOCIMIENTO de la realidad de nuestros pueblos indígenas por parte de los fiscales y jueces que administran justicia. Esto por un lado y por otro, el manifiesto propósito de tapar u ocultar a los verdaderos culpables que, como ha quedado demostrado en la absolución de los 52 acusados del primer caso, HABRÍA CONSIGNA TÁCITA para impedir señalar a los verdaderos culpables, el ex presidente Alan García y sus ministros.
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