Los juicios de Alan García

Escribe: Javier Diez Canseco (Blog LAMULA lunes 15-08)

Envuelto en la sombra y quizá en la depresión, Alan García dejó el estrado y los reflectores de Palacio. Los aprovechó hasta el final: inauguró obras inconclusas, gastó decenas de millones en publicidad de auto bombo y, con la arrogancia de su talla se fue sin entregar la banda presidencial en el Congreso.
Pero deprimido o no, dejó petardos encendidos al nuevo gobierno horas antes de irse: nombramientos y contratos masivos para pagar más de MIL MILLONES en bonos de deuda agraria, exoneraciones tributarias por casi 400 millones para ciertas universidades privadas, un bono de Dos mil soles para unos 12 mil trabajadores de cinco ministerios marginando al resto. ¿Objetivo? Secar la caja fiscal, abrir frentes de conflicto y dificultar los compromisos de crecimiento con inclusión y los programas ofrecidos por Humala.
Debió reaparecer citado a dar testimonio en el caso BTR, que abrió el cofre de los faenones. Pero se corrió de Ponce Feijó, el amigo de su vice Giampietri, cuya empresa operó en los más diversos espacios del Estado, desde el Congreso y la Contraloría, hasta el Municipio del Callao y los ministerios. El «testigo» sabe que el escándalo envuelve a varios de sus estrechos colaboradores y ministros. Sólo se conoce una pequeña parte de las comunicaciones intervenidas (¿Dónde está el archivo completo?) y que varias habrían sido sustraídas. Ponce ha dicho que aportará nuevos elementos que hasta hoy, los que pidieron la interceptación están en la sombra. ¿Manipulará y se librará de ese torbellino?
Pero tiene muchos otros asuntos por los cuales responder.
Y amenazó con liderar la oposición si lo procesaban. García emitió 374 Decretos de Urgencia entre agosto 2006 y julio 2011. Estos sólo deben darse ante situaciones extraordinarias e imprevisibles cuyo riesgo inminente de que se extiendan constituye un peligro para la economía nacional. Deben ser excepcionales, necesarios, transitorios y exigen generalidad y conexidad. Así lo dicen el Reglamento del congreso y fallos del TC. Pero García los usó para entregar obras públicas, concesiones y adquisiciones, licitaciones sin controles o concursos a dedo que, para muchos especialistas, no sólo no eran situaciones extraordinarias e imprevisibles, si no que resultaron onerosas, ineficientes e injustificadas y evadieron elementales mecanismos de control y fiscalización como los de la Contraloría y la Ley orgánica del sistema Nacional de Control, implicando altísimo costo al país y beneficios para algunas empresas. Una mayoría apro-fujimorista en el Congreso y su Comisión de Constitución facilitó la operación anulando su función de control.
¿Imprevisible y extraordinaria la remodelación del Estadio Nacional (con millones de gastos adicionales), el Teatro Nacional o los llamados colegios emblemáticos? ¿La concesión de puertos (Paita y Callao), irrigaciones como Olmos o las carreteras interoceánicas (con serias denuncias de sobrevaluación), el tren eléctrico, el tratamiento de aguas residuales en Taboada con denuncias de sobornos? Y qué decir del manejo del aeropuerto de Collique, de Sedapal y el Programa de Agua para Todos, con costos superiores a los promedios internacionales, así como el manejo de Essalud, casos ajenos a los Decretos de Urgencia. Agreguemos el abuso de los Decretos Legislativos (99, gracias a las facultades legislativas otorgadas por el anterior Congreso para adecuar nos al TLC con EEUU) que fueron usados para agredir derechos, entregar concesiones y cometer abusos que llevaron a sangrientos desenlaces como BAGUA. Ninguna autoridad central resultó responsable política o penalmente.
¿Los indultos «humanitarios» a Crousillat o al que traficó con los recursos para las víctimas del terremoto del Sur chico, fueron gratis y únicos? Esto debe verse, más allá del récord de muertos en conflictos sociales que ostenta García, con más de un centenar.
García y su gobierno, no pueden evadir una investigación seria y firme e inaugurar el ofrecimiento de una investigación congresal o juicio de residencia que Ollanta Humala planteó al país como forma de control ciudadano